Corporate compliance nace para ayudar a las empresas en la puesta en marcha de sus políticas de ética.
Cuente con nuestro equipo de profesionales para actualizar su empresa.
La ley prevé importantes sanciones para las empresas que incurran en responsabilidades penales.
La modificación del Código Penal de 31 de marzo de 2015 incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que las personas jurídicas incurran en responsabilidad penal cuando cometa un delito una persona física que actúa en nombre de la empresa por formar parte de su organización, o bien por las personas físicas que actúan como subordinados de los anteriores.
Las sanciones, además del daño a la imagen de la empresa, pueden implicar, entre otras, multas de 30 a 5.000 € al día durante un máximo de dos años, cierre de sucursales, imposibilidad de acceder a bonificaciones, incentivos fiscales o subvenciones, pérdida de subvenciones ya adquiridas, imposibilidad de contratar con administraciones públicas, limitación de actividades desarrolladas por la empresa o la visita periódica de un interventor judicial a la sede social durante un plazo variable.
Nuestro equipo jurídico está compuesto por abogados especializados en reclamaciones, que trabajan con las últimas tecnologías de la información, para facilitar al máximo el desarrollo de los procesos.
Ellos tratarán su caso de manera personal e individualizada y le asesorarán en todo lo relativo a su caso. Solo nos importa ayudarle a conseguir lo que usted exige.
Law & Ley Consulting, elaborará para su empresa un programa de Compliance que comenzará con un análisis de los roles y responsabilidades del personal, la elaboración de un mapa de riesgos, el desarrollo de políticas éticas, la implementación de un canal de denuncias interno, la redacción de políticas anticorrupción y de conflictos de interés.
Posteriormente, se establecen los mecanismos de control de responsabilidades, la supervisión de las herramientas de gestión y el desarrollo de planes de concienciación y formación, que garanticen la adecuación de la labor del personal conforme a la política ética de la empresa.
Con este método, construiremos un mecanismo de prevención real de los delitos, creando una cultura ética en el negocio, que garantice la exención de responsabilidad penal, con su correspondiente ahorro del
pago de sanciones, multas o penalizaciones. De esta forma se configurará una protección más segura y eficaz de la imagen corporativa, transparencia en la relación con los clientes, empleados, proveedores, accionistas,
entes reguladores y poderes públicos. Una protección total que permitirá a las empresas alcanzar sus objetivos estratégicos respetando la normativa vigente.